Dr. Nicolás Ávalos
Presidente de la Comisión de Ética de la Clínica Oncológica Falp
La cirugía es una especialidad teórico práctica y su enseñanza es tutoralizada. Un especialista en pabellón no sólo traspasa sus conocimientos teóricos y prácticos a las nuevas generaciones, sino también cautela que la resolución quirúrgica del paciente esté a nivel del estándar de tratamiento.
Si bien en un inicio esta enseñanza deja al estudiante de cirugía en un papel secundario de observación y adquisición de conocimiento a través del ejemplo; llega un momento en que éste realiza los procedimientos, adquiriendo la praxis, bajo la mirada del médico educador.
Sin embargo ¿Es informado el paciente que su cirugía está siendo ejecutada por un estudiante de cirugía? No, en general no lo sabe.
Esta situación plantea un conflicto ético, considerando que un paciente debe conocer todos los procedimientos y riesgos implícitos en su atención médica. Entonces, deontológicamente y también en el campo de la especulación, el ser intervenido por alguien que está aprendiendo; en lugar de un especialista certificado, podría elevar el riesgo de quien está en pabellón.
El conflicto también tiene una arista legal. Al analizarlo bajo el prisma del derecho, se complejiza al considerar que el responsable es aquel que ejecuta el acto, por lo que ante un problema o error, sería el médico estudiante quien debiese responder ante la ley en primer lugar, dejando al especialista (educador) un papel secundario por la responsabilidad que le compete en el procedimiento fracasado (pero moralmente no menor).
Como médicos tenemos que asumir un rol impulsor de nuevas generaciones, traspasando conocimientos y fortaleciendo la formación de especialistas.
El conflicto se genera en cómo se equilibra este papel con el consentimiento informado del paciente, cuando se está poniendo en una balanza la vida o el bienestar del individuo.
En rigor ético y en la transparencia total, el especialista debiera informar al paciente que su caso, por determinada razón y con aspecto formativo, lo va a resolver en pabellón otro cirujano, a quien se presenta en consulta como parte del equipo, pero sin obviar el hecho de que es estudiante de cirugía.
Y en un acto altruista, de compromiso con la sociedad que necesita especialistas para el futuro, el paciente debiese aceptar aquella cuota de riesgo de intervención supervisada.
Sin embargo, ésta es una situación ideal y poco cercana a la realidad. Lo más probable es que el médico no lo informe, porque de hacerlo, tendría una negativa o dará pie a un proceso de negociación.
Si un paciente se pone en manos de un especialista, que es formador de otros médicos, ello tiene un costo de tiempo y dinero. El ponerle un precio a este conflicto, lo complejiza más aún (me refiero al pago de honorarios médicos).
Por otra parte, muchas veces, se ignora por parte de los pacientes que el equipo de médicos con que trabaja el especialista tratante puede estar compuesto por doctores en formación. Los pacientes no tienen por qué reconocer la diferencia entre un estudiante de pre y post grado.
En conclusión, nos falta transparencia, pero el gran temor de enfrentarla es la respuesta negativa de las personas; pues no se puede arriesgar la formación de especialistas.
Este llamado a reflexionar tiene como impronta la educación. La medicina tiene una labor importante en este sentido y no sólo en lo epidemiológico, sino también en una vida sana, en la prevención y en la ética.
Llevar esta educación a la sociedad toda, incluyendo la necesidad de formación de nuevas generaciones de médicos, y la necesidad social del altruismo es fundamental, sobretodo en nuestros tiempos en que esta palabra está cada vez más fuera de moda. Sólo una relación más cercana con el paciente, donde éste entienda a cabalidad qué patología sufre, cuál procedimiento se seguirá y de qué forma se ejecutará, nos puede llevar a equilibrar de mejor manera su derecho a la información con la necesidad que tenemos de seguir formando especialistas.
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